No estamos en contra de financiar la universidad pública: estamos en contra de financiarla a ciegas. Cuatro propuestas de Universitarios por la Libertad y una apuesta central, cada una con el dato que la justifica.
El ingreso irrestricto no democratiza: llena las aulas de primer año y vacía las del último. Un examen de ingreso — como el que tienen Brasil, Chile o Colombia — ordena la oferta según la capacidad real de cada universidad y garantiza que quien entra tenga las herramientas para terminar. Con nivelación previa gratuita para que nadie quede afuera por la escuela de la que viene.
Revisar los criterios de regularidad para que ser alumno signifique estudiar: un mínimo de materias aprobadas por año para conservar la regularidad y los beneficios, que se cumpla de verdad y con excepciones para quien trabaja o tiene hijos a cargo. La Ley de Educación Superior ya pide aprobar al menos dos materias por año (art. 50); hoy casi nadie lo controla.
Abrir la universidad a fuentes de financiamiento complementarias al Tesoro, como en otros países de la región: convenios con empresas e industrias, investigación aplicada por contrato, aportes de graduados y un arancel para estudiantes extranjeros no residentes. En Chile, las universidades estatales cobran aranceles y la gratuidad se concentra en los hogares que la necesitan.
Becas focalizadas para los pibes que estudien las carreras que la Argentina va a necesitar.
La Argentina que viene — energía, minería, agro, conocimiento — necesita ingenieros, programadores, técnicos y científicos que hoy el sistema no está formando. AvanzAR pone la plata en el estudiante y no en la estructura: una beca que acompaña a quien elige una carrera estratégica, siempre que avance en ella.
Para estudiantes de hogares de ingresos bajos y medios, en carreras definidas como estratégicas para el desarrollo de los próximos años.
Se renueva cada año aprobando materias, y el monto crece a medida que el estudiante se acerca al título. El que avanza, cobra más.
Con lo que se recupere por aranceles a extranjeros y aportes de empresas de los sectores que van a contratar a esos graduados.
Cada beca con su seguimiento público: cuántos becarios hay, cuántos avanzan, cuántos se reciben y dónde trabajan.
Todas las universidades nacionales auditadas todos los años por un agente externo e independiente, arbitrado por el gobierno nacional, con los informes publicados completos. La autonomía es para gobernarse, no para esconder las cuentas: quien recibe fondos públicos rinde cuentas.